El último rayo de esperanza por localizar supervivientes que mantenían las familias de los desaparecidos bajo toneladas de piedra y lodo la noche del jueves en la aldea El Cambray II de Santa Catarina Pinula, parece apagado definitivamente. Desde el viernes, horas después del deslave, los rescatistas solo han evacuado cadáveres. Al cierre de la jornada del martes, las autoridades reportan 186. Algunos socorristas la elevan a 190.
El censo de la morgue ha permitido reducir el número de desaparecidos. Las autoridades del ayuntamiento de Santa Catarina Pinula, a donde pertenece la aldea devastada, lo colocan ahora en «alrededor de 200», mientras que los supervivientes que han buscado refugio en los albergues municipales o en templos evangélicos que han abierto sus puertas, es de 287, entre ellos, 70 niños menores de 13 años. En estos centros reciben atención médica y psicológica.
Para los sobrevivientes, las autoridades han empezado a buscar un área adecuada para trasladar la población, mientras que la Fiscalía ha iniciado una investigación para deducir responsabilidades. Lo ocurrido en El Cambray II era una tragedia anunciada. Las autoridades de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) hicieron llegar un informe al Ayuntamiento del riesgo inminente en diciembre de 2014. “El área del desastre estaba subrayado en rojo”, confirmó el secretario ejecutivo de la Conred, Alejandro Maldonado, hijo del presidente de Guatemala.
Con las primeras luces de este miércoles, los cuerpos de socorro han reiniciado su labor. Una tarea que, en palabras de Maldonado se prolongará “dos o tres semanas más”, antes de declarar la zona como cementerio comunal. Perdidas ya las esperanzas de encontrar personas con vida, las tareas de descombro se hacen con maquinaria pesada y los rescatistas se limitan a retirar los cadáveres encontrados para llevarlos a la morgue, donde los forenses empiezan a tener dificultad para identificar los cuerpos, dado su avanzado estado de descomposición, la que en la mayoría de los casos tendrá que hacerse con pruebas de ADN.
Fuente: El País