Colaboración de Guillermina Gómora Ordóñez
Vaya bomba que soltó Fernando Schutte Elguero, secretario técnico de la Conferencia Nacional de Secretarios de Seguridad Pública, al afirmar que algunos grupos de derechos humanos y organizaciones civiles están infiltrados por la delincuencia organizada y los protegen al igual que la población afín a su negocio.
Confirmó lo que más de uno sospecha, no de ahora sino de hace tiempo, luego de ver cómo operan estas organizaciones no gubernamentales en diversas regiones del país o en casos específicos como el de la búsqueda, captura y nueva persecución de Joaquín Guzmán Loera, El Chapo,y en el de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en Iguala, Guerrero.
Schutte, respaldó sus dichos al revelar lo que sucede en Tamazula, Durango y algunas poblaciones de Sinaloa, donde diversas asociaciones ciudadanas utilizan como pretexto los operativos en la búsqueda del Chapo,para emprender campañas de desprestigio en contra del gobierno federal y las fuerzas armadas.
Acciones que, a su juicio, buscan distraer e inhibir la fuerza del Estado y etiquetar a soldados y marinos como represores, sin considerar los riesgos que enfrentan en su labor para salvaguardar a la sociedad y atrapar a los delincuentes.
“En Tamazula la gente debería huir de la delincuencia, no de quienes la protegen”, advirtió, Fernando Schutte.
Sin duda, un polémico tema que nos remite a nuestro frágil tejido social, vulnerado por la pobreza y la falta de políticas públicas para subsanar carencias. Tierra fértil de los cárteles para formar sus brazos armados y grupos de defensa a través de convenientes alianzas o bajo la premisa del viejo oeste: “plata o plomo”.
No hay que perder de vista que el narcotráfico modernizó sus esquemas financieros de comercialización, operación, distribución y trasiego.Ahora son empresas que mueven millones de dólares dentro y fuera del país y demandan áreas de “relaciones públicas”, en todos los niveles de la compañía, principalmente el de la seguridad para evitar la acción de la ley en contra de sus capos o transacciones.
El patrón de la amenaza se modificó y ahora se mezclan con la gente, bajo la fachada de organizaciones con tintes políticos, religiosos o defensa de los derechos humanos. Establecen alianzas con algunas comunidades en ciudades estratégicas y representantes de sectores sociales o gubernamentales. Aceitan bien la maquinaria.
Aunque como dice Fernando Schutte, “esto no significa que esas personas necesariamente sean delincuentes, sino que tienen simpatías…Si por ello algunos se sienten acosados, seguramente es por alguna culpa que deben tener y temer», precisa.
En fin, todo indica que el enemigo duerme en casa, convirtiendo estas alianzas narco-ciudadanas en un problema de seguridad nacional, pues el aval social que debieran tener nuestras fuerzas armadas, lo disfrutan los grupos delincuenciales.
Por ello, Schutte reconoció que existe temor de cualquier autoridad de posibles filtraciones, pues «es una probabilidad», aunque se está logrando mejor coordinación a nivel gobierno. «Se me haría muy raro que nadie estuviera enterado de lo que está sucediendo, hay que tomar la medidas de precaución, las que sean necesarias», dijo.
Vericuentos
Relevo
Se acabó la tortura del autodenominado “gober de papel”, Rogelio Ortega; entrega la estafeta de mando en Guerrero al priista, Héctor Astudillo, que para empezar debió mover su toma de protesta de Chilpancingo al Puerto de Acapulco. Los maestros disidentes afiliados a la CETEG, lo echaron de la capital. Llegó la hora de pasar del discurso a los hechos en una entidad con grandes deudas, rezagos y conflictos armados.
Adiós al mínimo
Aunque aún falta pasar la aduana de la Cámara de Diputados, la desvinculación del salario mínimo de créditos, multas y pagos diversos, es una realidad. El más feliz con esta medida es su promotor número uno, Miguel Ángel Mancera, jefe de Gobierno del DF,que en mayo de 2014 fue el primero en promover la desindexación, bajo la bandera de alcanzar una verdadera recuperación del ingreso de la clase trabajadora. Incluso marcó la pauta al poner en marcha el programa de Empleador Responsable, que da prioridad a la contratación en el GDF a empresas que pagan 82 pesos diarios, mínimo, a sus empleados.
SCJN – Puebla
Mal empieza la semana para el que ahorcan en lunes, reza la sabiduría popular, y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo hizo con el panista Rafael Moreno Valle, al ratificar la invalidez del artículo 4, de la Constitución Política del Estado de Puebla, en el cual se impedía a los partidos de nueva creación establecer coaliciones o ir en candidatura común en una contienda electoral local. Quedó pendiente de litigar la impugnación priista para echar para atrás la ley antibronco que aprobó el Congreso poblano, para bloquear a los candidatos independientes.
@guillegomora
