La asamblea estatal de la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) renovó a los integrantes de la Comisión Política magisterial disidente que participará en las futuras mesas de negociación con el gobierno federal y estatal
El reemplazo de los 13 dirigentes lo decidieron 397 delegados, reunidos ayer en el auditorio Enedino Jiménez, del Hotel Casa del Maestro, en la ciudad de Oaxaca, donde no participó la membresía sindical, conformada por 83 mil trabajadores de la educación.
El cambio de dirigentes de la “comisión negociadora” no incluye al secretario general de la gremial, Rubén Núñez Ginés, según el acuerdo consensuado por la asamblea estatal de la semana pasada.
El máximo órgano de dirección decidió el cambio de sus representantes sindicales por “enriquecimiento ostentoso y desatención de sus cargos”.
El secretario de organización, Francisco Villalobos Ricárdez, es uno de los acusados por actos de corrupción, disponer indebidamente de cuotas sindicales y pérdida de la confianza de la base magisterial.
La nueva Comisión Política está conformada por Juan García García, Carlos López Martínez, Isabel García Velasco, Adrián Ramírez Castillo, Onelma Solorsa Guzmán y Cruz Guadalupe Herrera Ortiz.
Así también forman parte de ella Onrino López Pacheco, Pedro de Dios Gallegos, Francisco Salinas Bautista, Carlos Alberto Rivera Torres, Margarita Medina Hernández, Angélica García Pérez y Lilia Ortiz Martínez.
Los profesores y las profesoras son representantes de las ocho regiones del estado, según el acuerdo, entre sus primeras tareas está “integrar a los sindicalistas que tengan mayor representativa en las delegaciones y sectores sindicales, para intentar recuperar la credibilidad perdida”.
Villalobos Ricárdez, al igual que el resto de los dirigentes relevados en la comisión negociadora, mantienen sus carteras en el Comité Ejecutivo Seccional (CES) de la Sección 22 SNTE, al igual que sus auxiliares.
A pesar de los señalamientos de corrupción en contra de algunos dirigentes, hasta ahora ninguna de las corrientes que integran la asamblea estatal se ha pronunciado por la expulsión, retirarles sus derechos sindicales o iniciarles procesos penales, establecido en los estatutos de la gremial disidente bajo el principio rector, número 20.
Fuente: Excélsior