En lo que va de la presente administración, la Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra el Ambiente de la PGR ha iniciado 264 averiguaciones previas, ha ejercido acción penal en 142 casos y detenido a los responsables en 40.
Sin embargo, de los detenidos, 28 salieron libres bajo fianza.
En el sexenio anterior se iniciaron 487 averiguaciones previas federales por delitos ambientales -una cada cinco días, en promedio- y se ejerció acción penal en 166 casos, en 59 de los cuales hubo detenidos.
Víctor Manuel Fayad, titular de la Unidad Especializada, indicó que la disparidad de criterios de los jueces es uno de los principales obstáculos que enfrenta la PGR al consignar las averiguaciones previas por delitos ambientales.
«No tenemos jueces federales especializados en delitos ambientales y la diversidad de criterios hace que nuestros expedientes no lleguen a buen puerto. En un estado consignamos un expediente, y el juez nos libera la orden de aprehensión, y en otro estado, con un expediente idéntico, el juez nos la niega», refirió.
«Uno pregunta: ‘¿por qué aquí me la dieron y acá me la niegas juez?’, y el juez responde que son los criterios de ese circuito. Es en esa diversidad de criterios donde muchas veces se nos caen los asuntos. La repercusión de esto es que los delitos quedan impunes», criticó.
Además, reconoció, la Unidad Especializada carece del personal necesario para llevar a cabo las investigaciones. Actualmente, detalló, dispone de sólo 11 agentes del Ministerio Público.
La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) ha presentado 93 denuncias ante la PGR en lo va de esta administración, y sólo en 38 casos se ha ejercido acción penal.
Otros 33 se encuentran en proceso de consulta jurídica o reservadas, en la espera de contar con más elementos para la consignación, y en 22 la averiguación previa sigue abierta.
Entre las denuncias penales de la Profepa que son investigadas se encuentran las presentadas contra la mina Buena Vista del Cobre, filial de Grupo México, por el derrame de 40 mil metros cúbicos de sulfato de cobre en 2014 en los ríos Sonora y Bacanuchi, y el proyecto Dragon Mart, en Quintana Roo, por afectación de manglares.
«En el primer caso, la Profepa hizo la denuncia e inmediatamente preparamos un cateo y entramos a la mina» señaló Fayad.
Fuente: El Siglo de Torreón