En los últimos 37 años, etapa que comprendió el fin del régimen militar y dio paso a la democracia en Guatemala, de once presidentes del país, ocho se han visto involucrados en hechos polémicos con denuncias que van desde peculado hasta genocidio. El más reciente y cuya controversia ha resultado la más escandalosa en la historia del país centroamericano es la de Otto Pérez Molina, acusado de dirigir un grupo corrupto que tomó como su caja chica la zona de aduanas para cometer fraudes

La historia turbulenta de los mandatarios guatemaltecos destaca al general Fernando Romeo Lucas García, quien gobernó entre 1978 y 1982. Durante su régimen, de mano dura, se desataron asesinatos contra grupos de la insurrección, contra sindicalistas, universitarios y políticos opuestos al régimen. El 31 de enero de 1980, se registró un incendio en la Embajada de España en Guatemala, donde murieron 37 personas, entre ellas Vicente Menchú, padre de la Premio Nobel de la Paz 1992, Rigoberta Menchu.

Lucas García fue condenado tanto nacional como internacionalmente por violar los derechos humanos en su país. No terminó su período como mandatario al ser derrocado por una rebelión militar el 23 de marzo de 1982, encabezada por el entonces general Efraín Ríos Montt.

Tras la caída de Fernando Romeo Lucas García, la celebración de elecciones el 7 de marzo de 1982 para elegir a su sucesor fueron anuladas por reclamos de opositores apoyados por contingentes del ejército que crearon una Junta Militar que entregó posteriormente la presidencia al golpista Ríos Montt.

El dictador gobernaría con mano de hierro entre el 23 de marzo de 1982 y el 8 de agosto de 1983. Fue derrocado por militares al conocer su intención de convocar a comicios para que gobernara un presidente civil que él colocaría.

REPRESIÓN. Con la Constitución del país derogada y con la creación de estatutos de gobierno propios, el régimen de facto mantuvo las acciones represivas contra la guerrilla y grupos campesinos que la apoyaban.

Organizaciones defensoras de los derechos humanos y Naciones Unidas acusaron a Ríos Montt de ser un genocida, ya que durante su mandato desaparecieron del mapa 448 aldeas, en su mayoría habitadas por indígenas mayas, mientras que se le imputó la ejecución extrajudicial de 10 mil personas.

El 28 de enero de 2013 se inició un juicio en su contra por genocidio y crímenes contra la humanidad en Guatemala, pero por su edad, 89 años, y problemas de salud, quedó descartado su encarcelamiento.

La corta etapa presidencial de Ríos Montt, de un año, quedará grabada en la historia de Guatemala por ser una de las más sangrientas.

CAMBIO. El cambio a la democracia sin la influencia del régimen militar comenzó con la llegada al poder del general Óscar Humberto Mejía Víctores, quien gobernó entre 1983 y 1985.

Durante su administración disolvió el Consejo de Estado impuesto por los militares, suprimió los tribunales de fuero especial, permitió el funcionamiento de partidos políticos y decretó una ley electoral para normar la elección de diputados a la Asamblea Nacional Constituyente, lo que abrió camino a una era política más limpia.

Al término de su gobierno entregó la presidencia a Marco Vinicio Cerezo Arévalo, abanderado del partido Democracia Cristiana de Guatemala (DCG), para gobernar de 1986 a 1991. En este periodo se impulsó la apertura política y las negociones de paz con la guerrilla.

Sin embargo, esta etapa de gobierno se caracterizó por el deterioro de la administración pública, nepotismo, malversación del erario, ingobernabilidad, desobediencia civil, incremento de la criminalidad común y política y varios intentos de golpes militares, lo que exhibió la debilidad del gobierno.

La controversia entre los jefes del ejecutivo de Guatemala seguiría con el siguiente mandatario en turno: Jorge Serrano Elías, quien dirigió el país entre 1991 y 1993, cuando dejó el cargo mediante un autogolpe de estado.

Durante su administración tuvo conflictos con grupos sociales, sindicales, universitarios y estudiantiles. A estos se sumaron conflictos con el Congreso de la República y el Poder Judicial, que seguían de cerca acciones de corrupción que lo involucraban.

Serrano Elías, temeroso de ser enjuiciado por este delito, opto por dar un autogolpe de estado el 25 de mayo de 1993. Emitió un Decreto Presidencial de Normas Temporales de Gobierno, completamente inconstitucional, por el que pretendió limitar las garantías individuales, disolver el Congreso, destituir a los jueces del Organismo Judicial y de la Corte de Constitucionalidad, al Procurador General de la Nación y al Procurador de Derechos Humanos.

Movilizaciones sociales provocaron la destitución de Serrano Elías y con ello su exilio a Panamá.

Tras la escandalosa salida de Serrano Elías, el Congreso nombró a Ramiro de León Carpio para gobernar entre junio de 1993 y enero de 1996. Como Procurador de los Derechos Humanos, trató de llevar por buen camino el gobierno, aunque careció de apoyo partidista, pero durante su gestión las aguas turbias por escándalos se calmaron y continúo la tranquilidad.

León Carpio pasó el relevo presidencial a Álvaro Arzú Irigoyen, quien durante su administración entre 1996 y el 2000, logró que se firmara la paz con la guerrillera de la Unidad Revolucionaria Nacional de Guatemala, poniendo fin a 36 años de una guerra civil que cobró más de 200 mil vidas.

PORTILLO. Sin embargo, los escándalos regresarían a Guatemala con Alfonso Antonio Portillo Cabrera, quien dirigió el país del 14 enero de 2000 al 14 de enero de 2004.

Aunque prometió mano dura contra los corruptos y contra quienes abusaron del poder en administraciones pasadas, su legitimidad como jefe del ejecutivo quedó marcada por la negra reputación internacional del líder de su partido el Frente Republicano Guatemalteco (FRG), el general Efraín Ríos Montt, quien a toda costa quiso registrarse como candidato a la presidencia al pasar por alto la decisión del Registro de Ciudadanos que rechazó inscribir su candidatura, medida que fue apoyada por pronunciamientos del Tribunal Supremo Electoral y de la Corte Suprema de Justicia.

Esta acción derivó en que encapuchados bajo las órdenes de Ríos Montt sembraran el caos en la capital, atacando con bombas molotov a medios de comunicación, golpizas a periodistas, instalación de barricadas en avenidas principales y sitiado el Palacio de Justicia. A las 36 horas de este episodio el ejército fue enviado a las calles para restablecer el orden y finalmente Ríos Montt fue registrado, aunque no ganó las elecciones.

Alfonso Portillo fue despojado de su inmunidad al ser removido como diputado del Parlamento Centroamericano (Parlacen) —cargo que le correspondía como ex presidente de Guatemala— y posteriormente encarcelado y enjuiciado en su país; en 2013 fue extraditado a Estados Unidos acusado de peculado por 15 millones de dólares, luego de estar preso en una base militar guatemalteca por varios años. Portillo se declaró culpable ante los tribunales de EU en marzo de 2014 por recibir sobornos por 2.5 millones de dólares del gobierno de Taiwán, logrando que su pena de prisión fuera reducida.

Tras el negro episodio que marcó el gobierno de Alfonso Portillo, vinieron elecciones y las ganó Óscar Berger Perdomo, quien gobernó entre 2004 y 2008 sin polémicas y con el aval de la sociedad, empresarios, estudiantes y los medios de comunicación.

MUERTE. Al término de estos cuatro años de gobierno tocó el turno a su sucesor, Álvaro Colom, conocido como el “presidente de los pobres” y quien dirigió al país entre 2008 y 2012.

Aunque su administración fue calificada de positiva, ésta enfrentó un pasaje polémico con la acusación del abogado Rodrigo Rosenberg, asesinado a balazos en mayo de 2008 y quien responsabilizó al mandatario.

Días antes de su muerte, Rosenberg grabó un video donde aseguró que, si algo le pasaba, el responsable sería Colom. El escándalo Rosenberg desató el caos en Guatemala, dejando al presidente con la mira de la justicia sobre él.

Meses más tarde, la Comisión Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y encargada de la investigación, reveló que Rosenberg se mandó asesinar él mismo y dejó sin responsabilidad a Colom de esta tragedia.

El caso más reciente que involucra a otro mandatario guatemalteco es el que enfrenta el recién dimitido Otto Pérez Molina, al que la Fiscalía le imputa dirigir una red de defraudación aduanera, lo que derivó en movilizaciones sociales, la renuncia de varios de sus ministros y la encarcelación de su ex vicepresidenta, Roxana Baldetti. El ahora ex mandatario enfrenta a la justicia con un pie dentro de la prisión.

Fuente: Crónica