Para desahogar los 250 asuntos pendientes ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, el gobierno mexicano apuesta por llegar a soluciones amistosas y esta semana alcanzó dos acuerdos e inició pláticas para otros seis.
Se trata de asuntos que datan de 1994 y 2008, cuyas víctimas fueron miembros de poblaciones indígenas en Chiapas y Oaxaca. Estos acuerdos se lograron, de acuerdo con un comunicado conjunto del gobierno de la República, en la antesala de la visita que realizarán los integrantes del pleno de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) entre el 28 de septiembre y el 3 de octubre y que evidencian «su compromiso con las obligaciones en materia de Derechos Humanos así como la prioridad que otorga a la efectiva atención a casos individuales que se encuentren en trámite ante el órgano interamericano, tema que será profundizado durante dicha visita», informó la Secretaría de Gobernación.
Fue testigo de honor en la firma el comisionado relator para México de la CIDH, James Cavallaro, quien destacó que de esta manera el estado mexicano puede desarrollar mejores prácticas en América Latina para prevenir violaciones a Derechos Humanos. Esta misma semana funcionarios de Gobernación y Relaciones Exteriores, así como de la Procuraduría General de la República, se reunieron con el comisionado Cavallaro y la Unidad de Soluciones Amistosas de la CIDH, para puntualizar el complemento de algunos acuerdos de solución amistosa celebrados en el pasado pasado y se logró avanzar en el cumplimiento de cuatro casos adicionales además de emprender los diálogos para arribar a dos acuerdos de solución amistosa más.
Estos asuntos involucran denuncias de tortura, debido proceso, garantías judiciales y violencia de género, en los cuales están involucradas autoridades del ámbito federal y también de entidades como Chiapas Chihuahua y Oaxaca. «El Estado mexicano ha insistido a la CIDH en la importancia encontrar vías que den celeridad al trámite de los casos que conoce en beneficio de las víctimas, por lo que estas acciones conjuntas contribuyen de manera determinante a su conclusión. Por ello, el gobierno de la República valora también la disposición de las organizaciones de la sociedad civil que se suman a esta tarea», se expresó en el comunicado.
Fuente: Milenio