Colaboración de Guillermina Gómora Ordóñez
Con el arranque de la segunda mitad del sexenio de Enrique Peña Nieto y de la LXIII legislatura en el Congreso de la Unión, diversos organismos exigen se gobierne en favor de los más necesitados y se atiendan tres sectores que enfrentan un grave rezago: economía, corrupción y seguridad.
Por lo que toca al primero, las cifras de crecimiento se reducen todos los días y los resultados se resienten en el bolsillo, cada más pauperizado, de millones de mexicanos que por más que estiran el billete o le hacen al mil usos, no alcanzan los ingresos para cubrir sus necesidades básicas.
De acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), durante los primeros años de este gobierno, entre 2012 y 2014, la población en pobreza creció en dos millones de personas, al pasar de 53.3 (45.5 por ciento) a 55.3 millones (46.2 por ciento), es decir, uno de cada dos mexicanos viven en esa condición.
Números fríos que reflejan el México real, vapuleado por los efectos de la globalización financiera que tienen a nuestro peso en terapia intensiva y a nuestras autoridades hacendarias mordiéndose las uñas por el debate que se viene en las Cámaras de Senadores y Diputados en torno del Presupuesto de Egresos de la Federación.
De administrar la abundancia, producto de los ingresos petroleros, ni hablar, el precio del crudo sigue a la baja y no logra pasar de los 50 dólares. El panorama es tan negro y espeso como el hidrocarburo que inunda los mercados ahora que Estados Unidos firmó la pipa de la paz con Irán.
Así que mejor será buscar otras alternativas como la de revisar a fondo la recién aprobada Reforma Fiscal, pues se ha demostrado que resulta insuficiente para financiar y alentar el crecimiento económico, por su debilidad recaudatoria que debe ser compensada con una mejor distribución de las cargas fiscales y con una reducción del gasto y mayores márgenes de eficiencia en las inversiones públicas.
El apretón de cinturón, del que habló el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, debe ser parejo.
Por lo que toca al combate de la corrupción que va de la mano con la impunidad, el Congreso tiene una gran oportunidad para erradicarla y restablecer la confianza en las instituciones a través de la reforma aprobada y la elaboración de sus leyes secundarias en este periodo que arranca el uno de septiembre.
De éstas depende la creación del Sistema Nacional Anticorrupción, una sola entidad que haga el trabajo que desempeñan la Auditoría Superior de la Federación, la Fiscalía Especializada de Actos Anticorrupción, la Secretaría de la Función Pública, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales y el Consejo de la Judicatura.
Información del Fondo Monetario Internacional y de Transparencia Internacional, estiman que las prácticas de corrupción en México inhiben el 5 por ciento de la inversión y que tan sólo de capital extranjero dejaron de captarse 23 mil millones de dólares el año pasado.
Un dato que preocupa y enoja es que las familias mexicanas destinen en promedio al año el 14 por ciento de sus ingresos para solventar los actos de corrupción en diversas oficinas públicas a la hora de realizar trámites o con los inspectores de vía pública, policías y lo que se acumule en la burocracia.
Y como si lo anterior no fueran suficientes calamidades, el día a día debemos sortearlo como decían las abuelas con “el Jesús en la boca”, ante la creciente inseguridad pública, que cobra cientos de vidas todos los días en el país desde hace años sin distinguir credo, partido político o condición social.
Las cifras rojas tienen diversas etiquetas: narcotráfico, delincuencia organizada, robo común, secuestro, extorsión, tráfico de personas, etcétera, etcétera. Todo, ante la mirada de nuestras autoridades en los tres niveles de gobierno y ahora, de los derechos humanos.
De ahí que la reforma en seguridad pública que se encuentra en el Congreso, debe ser analizada y aprobada a partir de la idea de que la aplicación de la ley no está reñida con los derechos humanos, de tal modo que se establezcan normas justas y correctivas para recuperar la paz social que claman en estados como Tamaulipas, Veracruz, Morelos, Michoacán, Chihuahua y Guerrero.
Ojalá los legisladores de los diversos partidos políticos, el presidente Peña y su gabinete, logren controlar sus ansias futuristas y atiendan lo inmediato que en el mediano y largo plazo, con visión hacia el 2018, será su pasaporte para la sucesión.
Vericuentos
Al rescate del peatón
El jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera presentó el programa “Pasos Seguros”, se trata de cruces peatonales que contribuirán a garantizar la seguridad de los ciudadanos en los cruceros más peligrosos del DF, donde en los últimos tres años se han registrado mil muertes por accidentes de tránsito, 600 de esas víctimas eran peatones. Sin duda se trata de hacer un cambio de cultura en la ciudad, donde se ha privilegiado el uso del automóvil.
Caso Narvarte
La realidad supera a la ficción policiaca; en el múltiple homicidio de la colonia Narvarte, el segundo detenido, Abraham Torres Tranquilino, jamás intentó huir del Distrito Federal a pesar de que se sabía buscado, por el contrario, le seguía «pegando al peligro», hace semana y media tuvo un enfrentamiento cuando intentaba perpetrar un asalto.
@guillegomora
