«Dormían sobre troncos tapados con hojas de palma, no hay paredes, no hay puertas, cocinaban con leña». Así describe el viceministro de Defensa, Iván Vega, el lugar donde vivían las 39 personas rescatadas el lunes de un campamento del grupo terrorista Sendero Luminoso en la selva central del país.

Una facción del grupo se mantiene en el Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM) desde 1992, cuando fue capturado en Lima el fundador de la organización maoísta y terrorista, Abimael Guzmán.

Quedan entre 100 y 120 combatientes armados, según las autoridades de Defensa, pero siempre se han valido de cientos de indígenas reclutados por la fuerza para trabajar las tierras que los abastecen de alimento, y de mujeres a quienes embarazan forzosamente para formar luego a niños soldados o ‘niños pioneros’. Desde los años ochenta a estos grupos se los conoce como «masas cautivas».

«La operación empezó a ser planeada cuatro meses atrás», indica Vega vía telefónica desde la base militar de Mazamari (provincia de Satipo, región Junín) en el VRAEM, donde permanecen las 10 mujeres, tres hombres y 26 niños que llegaron a esa instalación en un helicóptero el lunes. Según el viceministro de poblaciones vulnerables, Fernando Bolaños, todos estaban desnutridos y algunos con parásitos. «Ahora han comido bien, los niños están jugando, tienen ropa limpia», explica Vega, quien lidera el equipo de élite de la policía y de las fuerzas armadas que ejecutó la operación.

«Hace 22 días les hicimos llegar un mensaje, explicándoles que otros 14 rescatados estaban sanos. Hemos hecho mucha persuasión porque temían que los fueran a atacar. No ha habido enfrentamiento porque ‘la fuerza’ no estaba allí, sino solo los encargados del campo de producción», refirió.

Un militar indicó a este diario que las operaciones continúan en la zona, pues aún hay personas por rescatar. El martes, el jefe de Estado mayor de la Policía Nacional, Vicente Romero, declaró al diario El Comercio que unas 100 personas siguen retenidas por Sendero Luminoso en condiciones similares, en el límite de las regiones Ayacucho, Junín y Huancavelica.

Canal N difundió un vídeo de un informante que escapó de los campos de producción para pedir ayuda en la comisaría de Pichari —localidad donde se asienta el cuartel del Comando Especial del VRAE— y dijo haber colaborado para localizar el campamento, sin embargo, Vega negó tajantemente que ello estuviera relacionado con la operación que culminó el 27.

«La fiscal para temas de terrorismo Eneida Aguilar es la titular de la investigación para ver si hay más gente como ellos. Hay niños que han nacido en el monte, y el Registro Nacional de Identidad tendrá que entregarles una partida de nacimiento», advierte Vega, acerca del farragoso trámite que deben seguir las víctimas del cautiverio.

Una fuente que estuvo al tanto de las gestiones de un grupo rescatado en la Operación Albergue en 2012 indicó que los resultados de las pruebas de ADN para determinar si había vínculo familiar entre las mujeres y los niños podrían tardar más de tres meses.

La zona donde las personas estuvieron cautivas se denomina Sector 5 y tiene un área de 175.000 hectáreas. Según Vega, en 1998 el Camarada Feliciano trazó cuadrantes para sus acciones —copiando las tácticas maoístas— y de los cinco sectores, solo uno estaba vigente. Feliciano asumió el liderazgo de los alzados en armas tras la captura de Guzmán durante la presidencia de Alberto Fujimori.

Un comunicado de la Dirección contra el Terrorismo (Dircote) de la Policía reportó el lunes que entre las rescatadas dos son mujeres de la etnia ashaninka, de 40 y 45 años. «Fueron raptadas de un albergue de monjas ubicado en Puerto Ocopa, Satipo», precisó Vega.

En las operaciones denominadas Cobertizo 2014, Esperanza I y II 2014, y Bartolo 2014, «se rescataron también a dos niñas de 15 y 6 años, un niño de 4, además de a Victoria Zevallos Azua (66) conocida como Teófila, Angélica Leguía Posada (67) conocida como Maura, María Chávez Vélez (63) —Andrea—, Angélica Chávez Gloria —Angélica—, María Ugarte Zevallos –—Matilde—, y Vicente Díaz Cotsimeti —Herminio—. Dos niños de 6 y uno de 7, añade la Dircote. El viceministro Bolaños aseguró que entre los rescatados en la última operación hay también un menor de un año, y que, después de que un juez determine si tiene o no parientes, podría ser derivado a un albergue.

¿Por qué Sendero Luminoso aún tiene cautivos?

“Los militares lo tienen claro”, explica una fuente a EL PAÍS la importancia de que el Estado ofrezca una ruta de reinserción social a los hombres y mujeres retenidos por Sendero Luminoso y rescatados por las fuerzas del orden. Sin embargo, los ‘recuperados’ -como los denominan los funcionarios del Gobierno de Humala- se mantienen meses en albergues que no están listos para acoger a personas que nunca usaron dinero, servicios higiénicos, transporte, teléfono, entre otros. Algunos oficiales antiterrorismo les han tenido que enseñar a usar el baño, por ejemplo. Las autoridades remarcan que a los niños los colocan en colegios, o en albergues infantiles, pero los adultos en proceso de reinserción a la vida fuera de un campamento lo tienen más difícil: pocos llegan a reencontrar a sus familias de origen, a veces pasan mucho tiempo solos en los albergues, viven temerosos de que Sendero los encuentre, y algunos dejan un pariente en un campo de producción. El viceministro de poblaciones vulnerables sostiene que los operadores de servicios estatales vinculados a estos casos tuvieron, por primera vez, una capacitación en mayo de este año en la selva central.

¿Acaso Sendero Luminoso no se había extinguido? Tras la detención del fundador de la organización maoísta en septiembre de 1992, un grupo se refugió en las montañas de Vizcatán, en el VRAEM, y no fueron perseguidos. La Dirección de la Policía contra el Terrorismo se mantuvo activa, pero hasta 2006 el Gobierno no se decidió a combatir a Sendero Luminoso en su reducto. Desde entonces, la tensión se mantiene: los terroristas hostigan las bases y helicópteros militares, colocan explosivos artesanales en el monte, organizan emboscadas contra policías en las rutas del transporte de droga, producen clorhidrato de cocaína y extorsionan a empresas establecidas en el sur del país, principalmente las que construyen infraestructuras. Para 48 distritos en cuatro regiones de Perú, la época del postconflicto aún no ha llegado.

Fuente: EL PAÍS