El Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información ordenó a la Procuraduría General de la República entregar la versión pública relacionada con las averiguaciones previas que involucran al ex presidente Luis Echeverría Álvarez relacionadas con el movimiento estudiantil de 1968 y con la represión registrada el 10 de junio de 1971
Con ello revocó la reserva de 12 años que la dependencia había impuesto a estas averiguaciones previas que se iniciaron durante el sexenio de Vicente Fox, a partir de la desaparecida Fiscalía Especializada para los Movimientos Sociales y Políticos del Pasado.
Al argumentar su proyecto, la comisionada presidenta, Ximena Puente, dijo que era improcedente la respuesta de la PGR “en virtud de que dichas averiguaciones previas se abrieron por la Comisión del Delito de Genocidio y se procedió a realizar un análisis de la excepción dispuesta en el último párrafo del artículo en comento, el cual señala: “No podrán invocarse el carácter de reservado cuando se trate de investigación de violaciones graves de derechos fundamentales o delitos de lesa humanidad”.
La presidenta destacó que “la divulgación de la información permite a la sociedad conocer la verdad histórica de los hechos acontecidos el 2 de octubre de 1968 y el 10 de junio de 1971, toda vez que reservar la información podría generar un daño mayor. La reserva de la información se ve superada por el interés de la sociedad por conocer la información que se genera, con motivo de investigaciones de los referidos hechos”.
Puente dijo que con la publicidad de las versiones públicas de las averiguaciones previas, se permite a la sociedad conocer la verdad de lo ocurrido, con el fin de evitar que estos hechos vuelvan a suceder.
Finalmente, mencionó que el proyecto propone revocar la respuesta de la PGR e instruir que se entreguen versiones públicas de las averiguaciones previas relacionadas con los hechos ocurridos el 2 de octubre de 1968, y el 10 de junio de 1971, en las que se consignó por el delito de genocidio a varias personas, incluido el ex presidente Luis Echeverría Álvarez, clasificando la información confidencial que obrase en ellos.
Fuente: La Jornada