Fobias aparte, muchos sospechan las verdaderas razones por las cuales La Maestra Elba Esther Gordillo fue a dar a la cárcel…
Judicialmente está sometida a proceso por los delitos graves de operación con recursos de procedencia ilícita, asociación delictuosa y defraudación fiscal. (Por cierto, el dinero del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación no es de procedencia ilícita, lo ilícito –en este caso– es haberse apropiado de los recursos de una institución que La Maestra tenía como concesión vitalicia).
Independientemente de la probable responsabilidad penal, la ex poderosa líder del magisterio nacional solicitó la prisión domiciliaria desde febrero pasado, invocando el artículo 55 del Código Penal Federal que concede ese derecho a los procesados por razones de avanzada edad. (La Maestra tiene 70 años cumplidos y una veintena de padecimientos de salud crónico-degenerativos, según ha probado la defensa, encabezada por el abogado Marco del Toro).
Sin embargo el Juez Sexto de Procesos Penales Federales en el DF se resiste a arriesgar el pellejo; niega la prerrogativa de mandar a La Maestra a una “jaula de oro” toda vez que ella tiene mucho dinero, casas en el extranjero, y podría fugarse…
No hay argumentos suficientes para sospechar que Juez Alejandro Caballero Vértiz haya actuado con exceso de suspicacia. No para nada; en México los jueces de consigna sólo existen en nuestra retorcida imaginación… ¿verdad?
Como haya sido, el abogado de La Maestra argumenta “mano negra” y apela la decisión del Juez ante el Primer Tribunal Unitario en Materia Penal, la cual ya fue aceptada. Al mismo tiempo activa un plan “B”: quejarse ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) “por la barbarie de un proceso plagado de violaciones que rayan en lo escandaloso” lo cual acredita violaciones al debido proceso de la indiciada… y para meterle ruido internacional a este chicharrón.
Para la CIDH será muy sencillo darle otro “zape” a la justicia mexicana con tales argumentos. Nada más falta que la profesora termine como víctima del uso político de la ley.
Cierto, pocos pueden negar la mala imagen pública de La Maestra, pero tampoco pueden negar que está sufriendo un indebido proceso.
