Este martes 17 de agosto un juez decidirá si se emiten órdenes de aprehensión contra las 22 trabajadoras de la guardería.
Padres del caso Guardería ABC respaldan consignaciones de PGR contra empleadas; «No somos culpables», responden
Aracely Moroyoqui dice que arriesgó su vida la tarde del incendio de la Guardería ABC. En lugar de salir corriendo, recuerda que se quedó en una estancia con 35 recién nacidos, mientras pedía perdón en silencio a sus hijos si es que no sobrevivía. Cuenta que, gracias a que gritó por auxilio en una ventila del baño, consiguió sacar a los bebes por un ducto del aire acondicionado.
Hoy la PGR la acusa de haberlos abandonado, después de un largo proceso, que ha sido apoyado por los padres de los niños fallecidos.
“Si no fuera por las maestras nadie en esa guardería habría sobrevivido. Nosotras también fuimos víctimas y ahora resulta que nos consideran crimínales” dice la pedagoga.
Aracely Moroyoqui es una de las 22 maestras y trabajadoras a las que la Procuraduría General de la República (PGR) consignó el pasado 4 de agosto por los delitos de homicidio y lesiones culposas tras considerar, a juicio del Ministerio Público, que abandonaron a los 49 niños que murieron. El martes un juez definirá si concede o no las órdenes de aprehensión en su contra.
Las 22 consignadas son maestras, cocineras, personal de intendencia y enfermeras.
Los padres de los niños respaldaron la determinación de la Procuraduría al considerar que si hubo maestros que no hicieron lo suficiente y que los niños estaban sin cuidado. Dicen, como ejemplo, que los 22 niños que estaban en uno de los salones fallecieron porque estaban solos, que no se cuidó que hubiera extintores o que las salidas de emergencia funcionaran.
“Que un juez determine el grado de responsabilidad de cada una”, ha dicho Julio Cesar Márquez, padre de Yeyé, uno de los bebés fallecidos.
Pero la maestra, con más de seis años de experiencia de trabajo en la guardería ABC, asegura en una entrevista concedida a Animal Político que en la guardería no había niños sin cuidado ni estancias abandonadas, pero sí tenían un sobrecupo por la alta demanda de un establecimiento que gozaba de una reputación exitosa.
Lamenta que ahora nadie se pregunte cómo es que más de 150 niños consiguieron salir del local inundado en humo y en cambio, las acusan por no “haber hecho lo suficiente”.
La consignación hecha por la Procuraduría es, según Aracely, el último capítulo de una “historia de injusticias” que inició desde el mismo día del incendio cuando fueron obligadas a declarar, y que luego siguió con la falta de reconocimiento incluso de su estatus de víctimas por el gobierno y por el Instituto Mexicano del Seguro Social.
“Acusar a las maestras y a las trabajadoras es una justicia torcida” señaló Gabriel Alvarado, abogado de la organización manos Unidos por la Justicia ABC. De acuerdo con el litigante, la PGR optó por dar “carpetazo” al caso “cortando el hilo por lo más delgado” y dejando sin proceso a altos funcionarios como el ex gobernador de Sonora Eduardo Bours.
Sin embargo sostuvo que esta no es una batalla legal terminada, pues en breve vendrán nuevos recursos en lo que dijo es una “búsqueda de auténtica justicia”.
Fuente: Animal Político