En los últimos cinco años unos 34 periodistas se han desplazado por amenazas e intimidaciones, según la organización Article 19
Los periodistas mexicanos reciben un mensaje de advertencia y lo dejan todo. En los últimos cinco años, unos 34 comunicadores han huído de las ciudades en las que trabajan después de recibir amenazas o tras agresiones físicas relacionadas con su oficio, según la organización Article 19. Pero estas cifras, reconoce la ONG, esconden a aquellos que se marchan sin avisar y cambian de trabajo de un día para otro para evitar un ataque personal. “Que un periodista decida desplazarse de la entidad donde labora para resguardar su integridad es un indicador de que no existen garantías para ejercer la libertad de expresión, así como de la falta de cumplimiento de protección en materia de derechos humanos”, señala Darío Ramírez, director general de Article 19.
Unos 88 periodistas han sido asesinados en México desde el año 2000, según Reporteros sin Fronteras (RSF) que ubica al país en el sitio 148 de 180 en su clasificación mundial de libertad de prensa, y lo sitúa como uno de los lugares más peligrosos para ejercer de periodista en el mundo. Las organizaciones civiles en México han tomado un importante papel en la protección de periodistas y documentan las agresiones a éstos. Sin embargo, reconocen que sus capacidades se encuentran rebasadas ante un contexto de mayor peligro y violencia. “Un periodista se desplaza cuando hay un temor fundado y un riesgo objetivo”, explica Gabriel Soto, oficial de protección de Article 19. Algunos comunicadores consiguen apoyo económico de ONG’s, pero la mayoría decide desplazarse con sus propios recursos.
Ese ha sido el caso de Rubén Espinosa, el fotoperiodista asesinado el fin de semana en la Ciudad de México, que en junio decidió salir de Xalapa (Estado de Veracruz) para ponerse a salvo en la capital del país después de que detectó a personas que le seguían y le fotografiaban en la calle. Tras un aviso, Espinosa huyó con lo que tenía. Durante 2015, el caso del fotorreportero es el único registrado como desplazamiento por amenazas por Article 19, pero la organización no descarta que puedan existir más. En 2014, fueron denunciados públicamente 42 agresiones a periodistas en Veracruz y desde hace cinco años han sido asesinados 15 profesionales en esa región.
Las alarmas se han encendido en esta parte del país desde hace varios años. En 2012, la reportera Regina Martínez, del semanario Proceso, fue asesinada en su casa en Xalapa (Veracruz). Tras el crimen, unos 23 periodistas huyeron de la región ante el miedo de ser la siguiente víctima. “Al final no hay una respuesta del Estado, mientras los datos crecen nosotros no podemos claudicar en exigirle al Estado que se responsabilice”, ha insistido Ramírez ante la prensa mexicana. “Los que deben garantizar la seguridad de los periodistas son las autoridades”, apunta Soto.
En 2012, el Congreso mexicano aprobó la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas y creó un mecanismo para proteger a los comunicadores. Una estructura “burocrática” que ha sido duramente criticada por los pocos resultados que ha arrojado y el ascenso en el número de agresiones. “Resulta alarmante que a pesar de la creación del mecanismo y de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión, este tipo de hechos sigan ocurriendo”, ha denunciado Amnistía Internacional.
A pesar de los homicidios y las agresiones denunciadas, ningún caso ha sido resuelto en México. En julio, durante la gira del presidente Enrique Peña Nieto en Francia, Reporteros sin Fronteras informó al mandatario sobre el aumento de la violencia relacionada principalmente con los periodistas por ejercer su profesión. “La impunidad es la regla en México. Esto se debe en parte a que el crimen organizado y ciertas autoridades políticas y administrativas del país se encuentran coludidos. Además, en lugar de apoyar a los periodistas, algunos políticos no dudan en atacarlos en sus declaraciones públicas”, señaló la organización en una carta entregada al mandatario.
Fuente: El País
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