La Coordinación para la Atención Integral de la Migración en la Frontera Sur, creada apenas en julio de 2014, desaparecerá como tal y sus funciones sustantivas pasarán a otras áreas de la Secretaría de Gobernación (SG), como consecuencia de la pretendida reestructuración programática de la administración pública. El titular del área, Humberto Mayans Canabal, vuelve al Senado de la República a partir del 1 de septiembre
Dijo sentirse “con una gran tranquilidad de conciencia” porque están en marcha diversos proyectos de inversión y desarrollo regional como la inyección de recursos (más de 6 mil millones de pesos) para la modernización del tren de carga del sur, mejor conocido como La Bestia, utilizado por los migrantes en su camino hacia el norte de México.
El objetivo es acelerar la velocidad de este medio de transporte de 10 a 60 kilómetros por hora, a fin de agilizar el flujo de mercancías, aunque al final también se impedirá por esta vía el arribo de migrantes, la mayoría centroamericanos.
Esta Coordinación tuvo un presupuesto en 2015 de 102 millones de pesos y 94 empleados. Mayans aclaró que esta instancia es un órgano desconcentrado de Gobernación y, por tanto, no maneja directamente recursos y mucho menos 82 millones de dólares de la iniciativa Mérida, como se difundió en algún momento.
“Es una estrategia del gobierno federal donde Hacienda le toca una parte y a otras dependencias otra parte. No es responsabilidad de Hacienda lo que está sucediendo sino una necesidad del gobierno federal para lograr mayor eficiencia y mejores resultados en las políticas públicas”, dijo.
Vuelvo al Senado –agregó en entrevista– con una gran tranquilidad de conciencia; trabajamos mucho este año, hay resultados muy importantes. Hay 43 programas de alto impacto social que se está trabajando en los 23 municipios fronterizos (18 de Chiapas, dos de Tabasco, dos de Campeche y uno en Quintana Roo).
En esos 23 municipios viven 1.6 millones de mexicanos, de los cuales 400 mil son indígenas.
También hay centros regionales para atender a los migrantes en tránsito y fiscalías especializadas para este tema y derechos humanos para una región en la que están operando grandes bandas de delincuencia organizada.
Fuente: La Jornada