El Gobierno federal tiene listas al menos 35 órdenes de aprehensión en contra de los líderes de la oaxaqueña Sección 22 de la CNTE.
De acuerdo con fuentes ligadas a la negociación entre el Gobierno federal y el de Oaxaca, las órdenes de aprehensión serán el último recurso a utilizar dependiendo de la reacción de la CNTE ante este decreto.
Las posibles detenciones apuntan no sólo hacia los líderes de la Sección 22, sino hacia algunos dirigentes regionales e integrantes de otras secciones sindicales, como Chiapas, Guerrero y Michoacán.
Son por diversos delitos, entre ellos, daños al patrimonio estatal, privación ilegal de la libertad, obstrucción de vías federales y daños en propiedad privada.
La estrategia se ultimó el lunes en Gobernación, en una reunión en la que estuvo Chuayffet, Robles, Sánchez, el Consejero Jurídico Humberto Castillejos y el Jefe de la Oficina de la Presidencia Aurelio Nuño, quien coordinó el plan.
La estrategia comenzó a gestarse hace un mes, luego que la CNTE rechazara la respuesta de la Secretaría de Gobernación al Pliego General de Demandas que presentaron en mayo.
Las cuentas bancarias de la sección 22 de la CNTE, en las que el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) deposita una parte de las cuotas sindicales que se les retiene a todos los maestros, fueron congeladas, informaron líderes magisteriales.
Mohamed Otaqui Toledo, vocero de la Coordinadora, explicó en entrevista telefónica que se trata de cuentas en el banco Santander y que desde ayer los profesores no pueden retirar dinero.
Benito Vázquez, secretario de Prensa y Propaganda de la Coordinadora, acusó que se trata de un «golpe» del gobierno para acorralarlos y quitarles todo el financiamiento y no puedan realizar protestas.
Ante esta situación, el líder de la sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), Rubén Núñez Ginez interpuso un juicio de amparo ante un juez federal en contra de cualquier orden de presentación, localización o aprehensión girada en su contra tanto por la Procuraduría General de Justicia del Estado de Oaxaca como por la Procuraduría General de la Republica (PGR).
La demanda de garantía fue presentada el pasado 17 de julio y admitida a trámite un día después por el impartidor de justicia, por lo ya solicitó a dichas autoridades el envío informes sobre la existencia o no de los mandamientos judiciales o ministeriales.
A través de su defensa, Rubén Núñez también solicita que se le informe sobre cualquier otra medida que pudiera privarlo de su libertad, así como la suspensión de las mismas para evitar que sea ingresado a un penal.
Derivado de dicha petición, jueces penales de Oaxaca comenzaron a rendir los llamados informes justificados, cuyo contenido solo puede ser conocido por los abogados del líder magisterial.
Fuente: Reforma/Milenio/El Universal