El escape del líder del cártel de Sinaloa ha desnudado la hipocresía de la clase política mexicana

El diputado fue contundente en su opinión sobre la fuga de prisión del narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán y no dejó lugar a dudas sobre quién debía responder, pues esto amerita el cese “en todos los niveles, desde el Secretario de Estado hasta el último del penal”.

El senador fue más comprensivo ante la fuga del Chapo: “la falla es evidente, tiene que ver con un tema de corrupción […] le pedimos al Secretario y él ofreció que se va a hacer una investigación profunda”. Pero el escándalo no amerita renuncias en el gabinete, que en su opinión serían un retroceso. “¿Qué quisieran, que partiéramos otra vez de cero?”

Uno pudiera pensar que estas declaraciones corresponden a políticos mexicanos de distinto signo partidista en sus reacciones ante el espectacular escape del capo del Cártel de Sinaloa del penal de máxima seguridad del Altiplano el 11 de julio. La primera de un opositor al gobierno, quizá un panista o perredista; la segunda de un legislador del PRI, el partido del presidente Enrique Peña Nieto.

Pero las frases no son de políticos en partidos opuestos, sino en el mismo partido. De hecho, las frases son del mismo político: el senador del PRI Omar Fayad Meneses.

La diferencia entre el Doctor Jekyll que argumentaba ceses de alto nivel y el Mister Hyde que considera las renuncias contraproducentes se debe a simples cuestiones de tiempo y elecciones. La primera frase data de enero de 2001, cuando El Chapo escapó por primera vez de un penal federal, en Puente Grande, Jalisco, el presidente era el panista Vicente Fox y Fayad era diputado. La cita fue publicada en el diario Reforma el 25 de enero de 2001.

La segunda declaración es del 15 de julio pasado, cuando el Chapo se fugó del Altiplano, manejado por la administración de Peña Nieto, priísta como Fayad, quien es presidente de la Comisión de Seguridad Pública del Senado mexicano.

La fuga de Guzmán dejó al descubierto muchas debilidades del sistema carcelario mexicano pero también desnudó la hipocresía de la clase política. No es sólo Peña Nieto el que terminó perseguido por sus propias palabras (como le dijo a León Krauze el año pasado, una fuga sería “imperdonable”). Leer las reacciones de legisladores y funcionarios ante las figas del Chapo es como entrar en un túnel del tiempo de 14 años de longitud y lleno de espejos donde todo es invertido.

Hace unos días, el presidente nacional del PAN, Gustavo Madero, exigió la renuncia del Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, del Comisionado Nacional de Seguridad, Monte Alejandro Rubido, y del director del Centro de Investigaciones y Seguridad Nacional, Eugenio Ímaz.

Pero en el ya lejano 2001 ningún panista pedía renuncias tras la fuga del Chapo. Ni siquiera el líder de los diputados del PAN en aquel entonces consideró necesario fijar una postura. Si hay una declaración de Felipe Calderón al respecto, debió ser tan intrascendente que se perdió en los archivos. En ese entonces, el futuro presidente tenía una columna semanal en el diario Reforma y en las semanas que siguieron a la fuga usó su espacio para reflexionar sobre la Constitución, el conflicto de Chiapas y una ya olvidada disputa política previa a las elecciones en Yucatán.

César Nava, entonces diputado y luego alto funcionario en el gobierno de Calderón, se limitó a justificar que “la inseguridad pública es un problema estructural” por lo que descartó resultados en el corto plazo. Anticipó que los habría “en el mediano plazo”, un lapso de tiempo difícil de medir si consideramos que el Chapo estuvo prófugo 13 años.

El Secretario de Gobernación en 2001, Santiago Creel, reaccionó con similares lugares comunes: “se están poniendo todos los medios, acciones y esfuerzos necesarios para encontrar una solución adecuada a los problemas de seguridad”. Quizá Creel hablaba sin saber bien quién era responsable del sistema penitenciario federal, pues en esa época de arranque del gobierno de Fox aún no se completaba su traspaso de Gobernación a la recién creada Secretaría de Seguridad Pública.

Hace 14 años, legisladores del PRI exigieron que el entonces Secretario de Seguridad Pública, Alejandro Gertz Manero, compareciera ante comisiones del Congreso para rendir cuentas públicamente sobre la fuga. Ahora, los legisladores del PRI parecen conformes con que Osorio, Rubido e Ímaz comparezcan pero en privado.

Pero las contradicciones en los discursos de ayer y ahora sólo existen entre quienes realmente no tienen ninguna responsabilidad en el caso y sólo opinan por opinar. Para los que sí tienen que ver directamente, para los encargados de manejar el escándalo, las explicaciones sobre las figas del Chapo Guzmán no parecen que provengan a gobiernos de signos partidistas distintos. De hecho, tienen prácticamente las mismas palabras.

Jorge Tello Peón, subsecretario de Seguridad Pública en 2001: “el sistema falló y se hizo fallar, es lo que nosotros percibimos por esta actitud de traición”.

Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación en 2015: “(la fuga) constituiría un acto de corrupción, deslealtad y traición”.

En ningún caso los funcionarios consideraron una responsabilidad personal, aunque Tello Peón renunció 40 días después de la fuga de Puente Grande y fue el funcionario de más alto nivel que pagó con su puesto el escándalo. Osorio Chong se mantiene en el cargo.

Las fugas de El Chapo también han dado oportunidad para el lucimiento de los políticos, siempre y cuando no haya conflicto con los intereses personales. En 2001, Rosario Robles, recién acabada su gestión como Jefa de Gobierno del Distrito Federal, en la antesala de convertirse en presidenta del PRD, opinó: “Me preocupa, como mujer, como ciudadana, mi seguridad, la seguridad de mi hija y de los habitantes de este país y del DF”.

Sería interesante saber si esta misma preocupación la comparte la hoy Secretaria de Desarrollo Social del gobierno federal…y si la quiere expresar en público.

Hace unos días se vio al hoy senador priísta Ismael Hernández Deras en uno de los Chapo-tours que Osorio Chong encabezó para que legisladores conocieran la antigua celda de Guzmán, la ya famosa regadera, el túnel por el que se escapó y la casa a kilómetro y medio del penal. El mismo Hernández Deras que fue gobernador de Durango, de 2004 a 2010, una época en que según numerosos reportes de inteligencia, El Chapo se movía libremente por las serranías de ese estado.

Algo debe saber Hernández Deras de fugas asociadas al Cártel de Sinaloa. Hace exactamente cinco años, a finales de julio de 2010 en las últimas semanas de su gubernatura, se reveló que sicarios de ese cártel presos en el penal de Gómez Palacio, Durango, eran liberados por las noches y usando armas y vehículos de los guardias del penal, cruzaban a Torreón, Coahuila, para cometer masacres en bares que dejaron 35 muertos, y regresaban al penal (que era prácticamente su casa de seguridad) para que nadie los buscara ahí. Por cierto, el hoy senador afirmó entonces que eso era “una traición a las instituciones”.

Seguramente la segunda fuga del Chapo Guzmán dará pie a todo tipo de declaraciones grandilocuentes, ponderando el estado y las necesidades de la seguridad pública en México. Declaraciones como esta: “Es una gran prioridad la reforma del sistema de readaptación social por la debilidad del sistema penitenciario del país”.

La frase no es del presidente Peña Nieto ni del secretario Osorio Chong en julio de 2015. Es del presidente Fox el 23 de enero de 2001.

Abundancia de palabras y escasez de rendición de cuentas es lo que vimos hace década y media y es lo que vemos ahora. Ya el presidente del PRI, César Camacho, dijo que la fuga del Chapo “no es determinante” para exigir renuncias en el gabinete de seguridad, aunque hace 14 años otros priistas no tuvieran empacho en pedirlas.

Hay que aclarar que la declaración que hizo Fayad en 2001 citada al principio está incompleta. La base de su argumento para justificar las renuncias era que “en los tiempos de administraciones priistas esto le hubiera costado la cabeza a todo el mundo, a todos los niveles”. Quizá se refería a las administraciones priistas del siglo XX y no a las del XXI.

Fuente: El País