La polémica «ley mordaza» del derechista Partido Popular (PP) del presidente español Mariano Rajoy, que restringió el derecho de manifestación en España, entró hoy en vigor

La Ley de Seguridad Ciudadana -como se denomina oficialmente- fue aprobada en marzo gracias a la mayoría absoluta del gobernante PP y con el rechazo de prácticamente toda la oposición política, que impugnó varios de sus artículos ante el Tribunal Constitucional (TC), que está pendiente de tomar una decisión.

Rajoy promovió esta iniciativa -una de las más emblemáticas de su Ejecutivo-, coincidiendo con el aumento de la movilización social contra los sucesivos ajustes neoliberales implementados en el país.

Los grupos opositores y los movimientos sociales la han bautizado con el nombre de «ley mordaza» porque entienden que lo que se pretende es limitar la libertad de expresión y de manifestación.

La ley encontró una gran resistencia en las calles y el proyecto original fue suavizado después de que informes de órganos consultivos del Estado detectaran que algunas propuestas excedían los límites de los derechos fundamentales recogidos en la Constitución española y tratados internacionales.

El TC aceptó recientemente un recurso de inconstitucionalidad presentado por más de cincuenta diputados del parlamento español, que entre otros puntos, cuestionaron la legalización de las «devoluciones en caliente», como se conoce el rechazo automático de los inmigrantes «sin papeles» que entran a España a través de los enclaves norafricanos de Ceuta y Melilla, fronterizos con Marruecos.

En este asunto, la reforma incumple la normativa internacional al violar el derecho de los inmigrantes a solicitar asilo, refugio y protección internacional.

La «ley mordaza» se tramitó en paralelo con el endurecimiento del Código Penal español, del que desaparecieron las faltas, que se transformaron en conductas punibles e infracciones sobre las que se deben pagar cuantiosas multas.

Las sanciones van de los 30.000 a 600.000 euros en caso de ser «muy graves», de 601 a 30.000 las graves y de 100 a 600 las leves.

Y entre las infracciones graves figuran las manifestaciones que no son comunicadas a las autoridades y perturban gravemente el orden público, así como la desobediencia o resistencia a la autoridad o la negativa a disolver reuniones o manifestaciones.

Fuente: La Voz