Cientos de guardias, torres de vigilancia, alambre de púa, rejas y un fuerte dispositivo de seguridad: así vivía Joaquín Guzmán Loera, El Chapo, el capo del cártel de Sinaloa que huyó el sábado. El penal de alta seguridad perdió el título de la cárcel más segura de México

Antes llamado La Palma y Almoloya de Juárez, este Centro Federal de Readaptación Social recibió en febrero de 2014 al narcotraficante más buscado del mundo y uno de los hombres más poderosos: Joaquín Guzmán Loera, El Chapo.

Fundada en 1991, sus módulos de máxima seguridad de este Centro de Readaptación Social tienen más de un metro de grosor. Las son individuales, los guardias cambian continuamente y el contacto entre reclusos está reducido a su mínima expresión.

Las medidas de seguridad en el lugar son consideradas «extremas» y tenienen como objetivo evitar la fuga de internos. A finales de febrero de 2014, cuando Guzmán Loera fue capturado, contaba con una capacidad para 816 presos.

Agentes encubiertos del FBI pudieron reunirse con el capo en uno de sus escondites en las montañas de Sinaloa.

Datos de la secretaría de Seguridad Pública hechos públicos tras la detención del capo, los tres penales de máxima seguridad que existen en el país habían llegado ya a su límite, señalando que el penal del Altiplano tenía entonces una ocupación de 99.5 por ciento. A esa información hay quitarle un interno, el más famoso, El Chapo Guzmán.

En febrero de 2014 El Altiplano parecía una fortaleza impenetrable e insalvable. Militares y policías federales, además de vehículos artillados, fueron destacados a los alrededores del penal el día que fue encerrado El Chapo.

Así se mantuvo el operativo de seguridad durante semanas, para garantizar que el capo no huyera. Pero 16 meses más tarde se fue, propinándose un duro golpe a las fuerzas de seguridad mexicanas.

En El Altiplano, por ser una cárcel considerada de máxima seguridad –así como Puente Grande, en Jalisco, de donde Guzmán escapó en 2001–, las medidas son especiales: las celdas son individuales, los reos tienen menos contacto entre sí y el personal que los vigila es rotado constantemente.

La vida en una prisión federal

Las autoridades del presidio han sido herméticas y no aportan información sobre la seguridad en el interior de la cárcel por «cuestiones de seguridad».

Servando Gómez ‎Martínez vive en el penal de El Altiplano con legendarios capos como El Chapo o La Barbie.

Sin embargo, el año pasado la web Animal Político destacó los resultados de la primera encuesta realizada en los Centros Federales de Reinserción Social (Ceferesos), a cargo de la entonces Secretaría de Seguridad Pública.

La encuesta, realizada por el Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE), arrojó que el 100 % de los internos del Altiplano aseguró compartir la celda con otros dos reos; casi la totalidad afirmó que la cárcel le entregaba bienes básicos como ropa de cama, ropa, zapatos y artículos de higiene personal como papel sanitario, jabón, pasta y cepillo dentales.

En El Altiplano, casi la totalidad de los encuestados afirmó que la institución no les proporciona agua para beber, por lo que ellos deben conseguirla o comprarla por sus propios medios. Sin embargo, igualmente la mayoría aseveró que sí se les proporcionaba suficiente agua para el aseo personal.

Sobre los alimentos, el 66 por ciento de los reos de la prisión de máxima seguridad asentada en Almoloya de Juárez, Estado de México, sostuvieron que los alimentos que les proporcionan son suficientes en cantidad.

Más del 90 por ciento de los encuestados de El Altiplano dijo haber recibido atención médica preventiva, como chequeos generales o vacunas.

El siete por ciento afirmó tener acceso a un televisor, mientras el 91 % sostuvo contar con acceso a libros.

El estudio, por otro lado, arrojó que los internos del Altiplano son de los que tienen mayor comunicación con sus familiares, pero la mayoría dijeron carecer de privacidad al realizar llamadas telefónicas a sus seres queridos.

Por otro lado, cabe recordar que esta prisión fue construida entre 1988 y 1990, en el gobierno del entonces presidente Carlos Salinas de Gortari. Comenzó a funcionar en noviembre de 1991. Tiene una superficie de 260 mil metros cuadrados, y cuenta con capacidad para más de 700 reos por delitos federales.

De su extensión, 27,900 mentros cuadrados corresponden a instalaciones de la prisión, mientras el resto se utiliza como área de seguridad, sala de espera y estacionamientos.

Cuenta con ocho dormitorios, comedores, aulas, instalaciones de esparcimiento y deportivas, áreas de visita íntima y de familiares y abogados, salas de juzgados, cocina, lavandería, talleres y servicios médicos.

Tiene circuito cerrado de televisión, control de accesos, alarmas, detectores de metal, drogas, explosivos, sensores de presencia y otros.

Fuente: Univisión