Las empresas y el Gobierno están en las últimas fases del proceso tras la cancelación del proyecto; los privados pueden interponer un recurso de revisión o impugnar dicha resolución
La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) ya presentó su propuesta de pagos de gastos no recuperables a las empresas mexicanas y chinas que conformaron el consorcio ganador de la licitación del tren México-Querétaro, tras la no suscripción del contrato de esta obra que anunció la dependencia hace seis meses.
Sobre esta propuesta, que les fue notificada el pasado 22 de mayo, las firmas del consorcio encabezado por China Railway negocian con la SCT para determinar si aceptan o impugnan el monto autorizado en la resolución de la Dirección General de Transporte Ferroviario y Multimodal (DGTFM).
De acuerdo con la legislación, los integrantes del consorcio tienen un plazo de 15 días hábiles para interponer un recurso de revisión a la propuesta de la SCT o 45 días para promover un juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa.
Hasta el 5 de junio, las empresas no habían dado una resolución en torno al monto determinado por el Gobierno mexicano tras revisar las propuestas de los privados.
El 21 de mayo pasado, fecha en que la SCT llegó a la resolución sobre los gastos no recuperables, la subsecretaria de Transportes, Yuriria Mascott Pérez, dijo en un acto público que la SCT estimaba pagar 20 millones de pesos a las empresas.
El 3 de noviembre, la SCT anunció que la licitación fue ganada por el consorcio encabezado por China Railway. Sin embargo, dos días después, el presidente Enrique Peña Nieto ordenó revocar el fallo argumentando cuestionamientos al concurso y se anunció una nueva licitación, lo que fue notificado a las empresas participantes hasta el 1 de diciembre.
De acuerdo con la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas (LOPSRM), el Gobierno tiene un plazo no mayor a 10 días hábiles para notificar por escrito “las razones justificadas que funden y motiven dicha determinación (la cancelación de una licitación pública). A inicios de este año, el proyecto fue suspendido indefinidamente.
Entre los gastos que las empresas pueden reclamar se encuentran viáticos de las personas que asistieron a la presentación de ofertas, juntas de aclaraciones, visitas al sitio y el fallo, así como honorarios a personal, el costo de emisión de garantías, y cuestiones de papelería y oficinas.
Fuente: CNN