El socio director del despacho Peña Briseño, Peña Barba y Palomino Abogados, Víctor Manuel Peña Briseño, informó este jueves que hay una nueva orden judicial que reitera la prohibición de que Angélica Fuentes Téllez se presente como directora del Grupo Omnilife-Chivas
En rueda de prensa, señaló que Angélica Fuentes tiene prohibido ingresar a cualquiera de los domicilios de las empresas del grupo y el desacato a esta orden judicial amerita sanción penal.
Añadió que el juez quinto en materia mercantil de Jalisco ordenó la vigencia de las diversas asambleas de accionistas, de fecha 3 de abril de 2015, en las cuales se removió a Angélica Fuentes de cualquier cargo con el que se haya ostentar como miembro del consejo de administración, administradora, directora o apoderada del grupo empresarial Omnilife-Chivas.
Señaló que el juez decretó la suspensión de la ejecución de los efectos de las asambleas de accionistas de fecha 6 de febrero de 2015, con las que Angélica Fuentes pretendía justificar su cargo de directora general de las empresas del Grupo Omnilife.
Indicó que la resolución ordena la vigencia de los efectos de la remoción de todos los cargos y revocación de poderes que tenían Ramón García Hernández, Sergio Palacios López, José Luis Cuéllar Ramírez, María del Rosario Benítez Pérez y Manuel Gerardo Ponce.
Enfatizó que se ordena a Angélica Fuentes se abstenga de ostentarse personalmente o a través de un tercero y de actuar como directora general o representante de cualquiera de las empresas del Grupo Omnilife.
Destacó que la resolución judicial ordena que Angélica Fuentes se abstenga de enviar o emitir cualquier tipo de comunicado a instituciones como bancos, organizaciones auxiliares de crédito, proveedores o terceros pretendiendo ostentarse como directora general o representantes de las empresas del grupo.
Afirmó que también se determina que se abstenga de ingresar, comparecer o tomar posesión de cualquiera de los domicilios principales, matrices, sucursales o agencias de las empresas del Grupo Omnilife Chivas, así como realizar cualquier acto que pudiera ser perjudicial para estas empresas.
Fuente: La Jornada