Un juez federal ordenó hoy a la Secretaría de Educación Pública (SEP) restablecer de inmediato el calendario para la evaluación de los maestros de educación básica y media superior, cancelado sin mayores explicaciones el 29 de mayo pasado

Francisco Javier Rebolledo, juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa, concedió a la asociación Mexicanos Primero una suspensión provisional, como parte del amparo promovido para impugnar la medida de la SEP.

Los funcionarios que desacaten la suspensión cometerán un delito federal previsto en la Ley de Amparo, que se castiga con 3 a 9 años de cárcel e inhabilitación para el servicio público.

Rebolledo se basó en el concepto de apariencia de buen derecho, por el cual los jueces de amparo pueden hacer un examen preliminar sobre la Constitucionalidad del acto que se reclama, para determinar si debe ser suspendido.

En este caso, la cancelación de la evaluación, decretada en un boletín de prensa de unas cuantas palabras, tiene todos los indicios de ser contraria a la Carta Magna y diversas leyes secundarias, por lo que el juez considero necesario suspenderla incluso antes de que la SEP conteste la demanda de amparo o sea emplazada al juicio.

El Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación ya había condenado la medida de la SEP como claramente inconstitucional, por invadir las atribuciones de ese órgano autónomo y cancelar un proceso ordenado por las leyes.

La SEP puede impugnar la suspensión mediante recurso de queja ante un tribunal colegiado de circuito, que tendría 48 horas para resolver.

El juez resolverá el 12 de junio si la suspensión provisional se convierte en definitiva, con lo que la orden de mantener el calendario de evaluación se mantendría vigente durante todo el tiempo que tomará el trámite del juicio para resolver si la cancelación fue inconstitucional.

Para cuando resuelva sobre la suspensión definitiva, el juez ya habrá recibido los argumentos y pruebas de la SEP para defender su decisión.

El 31 de marzo de 2014, Rebolledo amparó a Mexicanos Primero contra una resolución del Instituo Nacional de Acceso a la Información (INAI), que clasificó como información reservada el resultado de la Evaluación Universal aplicada por la SEP en 2012, por temor a disturbios de la CNTE.

Rebolledo acusó al INAI de actuar «con base en razones políticas y no jurídicas», en una sentencia inusualmente dura.

Fuente: Diario.Mx