GABRIEL CASILLAS* | PERSPECTIVA GLOBAL
El domingo pasado se llevaron a cabo las elecciones intermedias en nuestro país. Como comenté en este espacio hace un par de semanas, considero que estas elecciones fueron muy relevantes debido a tres factores emanados de la instrumentación de la reforma político-electoral: (1) Ahora los procesos electorales se encuentran aglutinados en dos: Elecciones presidenciales e intermedias, en lugar de tener procesos electorales cada año en diferentes lugares; (2) los candidatos que el domingo pasado ganaron una silla presidencial a nivel municipal o conquistaron una curul local, podrán ser reelegidos en las elecciones de 2018; pero lo que resultó más relevante (3) la participación de candidatos independientes por primera vez en la historia del México contemporáneo. En este sentido me refiero claramente a la victoria del candidato a la gobernatura de Nuevo León, Jaime Rodríguez “El Bronco”. No hay duda de que su victoria refleja el hartazgo de la población de Nuevo León con respecto a los partidos políticos y los políticos “tradicionales” en general. En mi opinión, este hecho va a hacer que los líderes de los partidos políticos planeen de manera muy distinta las estrategias electorales para el 2018, sobre todo porque a pesar de que sólo ocurrió en este estado, este fenómeno puede extenderse a lo largo del país.
No obstante lo anterior, considero que otro punto muy relevante es que estas elecciones marcaron el fin de la primera mitad del gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto. En este sentido, una pregunta a la que considero que hay que dar respuesta es sin duda ¿Qué sigue? Sobre todo que aparentemente, parece ser que en ausencia de una agenda de reformas o de un pacto político como el “Pacto por México”, no existe una estrategia política hacia delante. En primer lugar, yo creo que sí existe una estrategia hacia delante y que ésta se fundamenta en dos aspectos: (1) Instrumentación de las reformas estructurales; y (2) fortalecimiento institucional y reinstauración de un estado de derecho. Ambos tienen que ir de la mano para que las reformas realmente tengan un impacto económico relevante e inclusive, se pueda acelerar la presencia de los efectos positivos.
En este sentido, quiero destacar que a raíz de la aprobación de las reformas estructurales, en la mayoría de éstas, las partes del gobierno federal involucradas tanto en el Poder Ejecutivo, como el Legislativo, han avanzado decisiva y ágilmente. Tal es el caso de la conformación del Fondo Mexicano del Petróleo, así como de la definición de las condiciones contractuales con las que van a funcionar los nuevos operadores petroleros, la separación de Pemex del gobierno federal, el arranque de las licitaciones de las rondas cero y uno de los pozos petroleros y la declaración de “preponderancia” de América Móvil, entre otras. Desafortunadamente no veo el mismo espíritu de avance en los gobiernos estatales, ni en el Poder Judicial. En mi opinión, esto es muy claro en los avances o la falta de éstos en asuntos relacionados con la reforma financiera, en donde los gobiernos estatales poco han hecho para mejorar los registros públicos de la propiedad, por ejemplo, o en el Poder Judicial para construir los juzgados federales especializados en litigio bancario para agilizar la recuperación de garantías, entre otras cosas. Es por ello, que propongo como estrategia política de instrumentación de las reformas estructurales dos pactos nuevos: (1) Pacto Federación-Estados; y (2) Pacto Ejecutivo-Judicial. Considero que una buena negociación de estos dos pactos en materia de instrumentación de reformas y de reinstauración de un estado de derecho, podría ser el catalizador para el éxito de las reformas estructurales y de este gobierno.
Twitter: @G_Casillas
*Economista en Jefe. Grupo Financiero Banorte. Las opiniones que se expresan en el artículo no necesariamente coinciden con las del Grupo Financiero Banorte, por lo que son responsabilidad absoluta del autor.
