Apenas un día después de que la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) difundiera su plan de boicot electoral, la SEP tomo una decisión terrible: suspender la evaluación docente, meollo de la reforma educativa, como respuesta a la demanda impuesta por el magisterio disidente.
Así, la CNTE convierte a la educación pública en rehén por la vía del chantaje. La abrupta medida de la SEP viene a mostrar que los asuntos de la inmediatez política están por encima del derecho; que la calidad de la educación es negociable… y que la autoridad es timorata… y capaz de morderse la cola.
El Gobierno Federal nos mintió. El secretario de Educación Pública faltó a la verdad al garantizar la aplicación puntual de la ley educativa; la reforma estructural es moneda de cambio ante “otra” urgencia.
La suspensión del proceso de evaluación magisterial es un golpe mortal al pretendido cambio educativo. No solo deja en el aire a 241 mil profesores inscritos a los concursos de oposición para ingreso o promoción, es además un atropello al Instituto Nacional para la Evaluación Educativa –responsable de aplicar el procedimiento–.
Pero lo más grave es la violación al Artículo Tercero de la Constitución y sus leyes reglamentarias. Cancelar la evaluación atenta contra el derecho a una educación de calidad; es medida arbitraria; imposición injustificable.
Con este golpe a la reforma educativa la administración de Peña Nieto se “dobla” ante la presión de la CNTE, y termina por socavar su propia autoridad.
Diputados y senadores del PAN, PRD y otros partidos –menos el Verde y el PRI– demandan la renuncia del secretario Emilio Chuayffet. Con el mismo encono, la agrupación Suma por la Educación, México Evalúa y Mexicanos Primero condenan y reprueban al funcionario… y a su jefe.
