MARIO MELGAR | El Universal
Se siente que el gobierno de Peña Nieto está sostenido con alfileres. Son tres: el Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea mexicanas. Un gobierno puede vivir sin el apoyo de los veleidosos jerarcas de la Iglesia, sin atender los consejos y críticas de los intelectuales, sin el beneplácito de empresarios y sin adhesión de la prensa y los medios, pero dos cosas son imprescindibles para mantener el poder: la lealtad del Ejército y sortear la ira popular.
Ahora que las dificultades de la República parecen no tener fin, el papel de las Fuerzas Armadas tiene una significación crucial para el tramo que aún debe recorrer el gobierno. Entre los factores internos que apuntalan al sistema político: iglesia, capital, trabajadores, intelectuales, universidades, prensa y medios, agrupaciones de la sociedad civil, ninguno juega el papel de las Fuerzas Armadas. Por ello no son gratuitas las reiteradas menciones de reconocimiento del presidente Peña Nieto al papel militar en estas horas aciagas, ni el elogio por su adhesión a los principios que deben normar la vida del país. Sin ejército que apuntale a las instituciones estaríamos frente al principio del fin.
Hace años se cuestionó ante el Poder Judicial de la Federación la validez constitucional del papel del Ejército en la lucha contra el crimen. La Constitución señala que sin suspensión de garantías el lugar de las Fuerzas Armadas se encuentra en los cuarteles: “En tiempos de paz, ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar”. El asunto se resolvió porque la Suprema Corte determinó que una ley que permitía a los militares realizar tareas en materia de seguridad pública no violaba la Constitución. En pocas palabras, la Suprema Corte consideró que los militares pueden actuar en acciones de seguridad pública, si lo hacen en auxilio de las autoridades civiles y si son requeridas para tales propósitos. Académicamente se puede discutir la tesis jurisprudencial que interpreta el artículo de la Constitución, pero lo que no se puede es prescindir en estos momentos de la acción militar en contra del crimen y que apuntale al gobierno.
La lealtad de las Fuerzas Armadas es un activo y no es eslogan decir que son baluartes de las instituciones nacionales. Igual se comprometieron con los gobiernos panistas que ahora con el PRI nuevamente en el poder. No obstante las Fuerzas Armadas están sometidas a un escrutinio estricto de la sociedad en cuanto a la violación de derechos humanos. Se les critica despiadadamente y por errores o abusos de unos, se inculpa a todos. El Ejército es una organización apolítica que debe resolver algunos conflictos internos: uno son los nuevos desarrollos en materia de derechos humanos.
No todos los militares son Gutiérrez Rebollo. Las Fuerzas Armadas están integradas por personal formado militarmente, impuestos a reglas castrenses, no son policías preventivos, o bancarios, ediles o prefectos de disciplina en un centro escolar dirigido por maristas o miembros del Opus Dei. Si un miembro del Ejército es violentado, si sufre una agresión de grupos beligerantes, su temperamento sería responder con la fuerza, porque al final es lo que se espera de las Fuerzas Armadas y para eso están entrenados. Son soldados, no misioneros.
Difícil tarea la de las Fuerzas Armadas mexicanas: asegurar el orden y la paz sin violentar derechos humanos. Difícil tarea la de servir como los alfileres de donde se sostiene el gobierno. Difícil hacerlo sin el reconocimiento de la recelosa sociedad que les regatea el agradecimiento y admiración que les debe. La sociedad podría prescindir del grupo que la gobierna, pero no podría hacerlo respecto de las Fuerzas Armadas que sostienen el endeble andamiaje que la sostiene.
Miembro del SNI. @DrMarioMelgarA
