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Ser alcalde, ¿pasaporte a la muerte?

guilleCaleidoscopio

Guillermina Gómora Ordóñez

 

 

 

El México bronco, de la historia reciente, registra en sus rojas estadísticas la muerte de 79 presidentes municipales en todo el país de 2006 a la fecha. Las células políticas y administrativas más cercanas a la sociedad en los más de 2,500 municipios del país enfrentan un alto grado de vulnerabilidad por conflictos sociales y la presencia de la delincuencia organizada.

 

Invisibles para las autoridades estatales, federales y sus partidos políticos, luego de las campañas electorales, los alcaldes quedan a merced de los caciques de la región, de los narcotraficantes y de los líderes del crimen organizado, que las más de las veces, son  como la Santísima Trinidad, un ser único en tres modalidades.

 

Historias del México real que inspiran guiones cinematográficos, como el de: “La  Ley de Herodes”, argumento situado en 1949 donde los habitantes de San Pedro de los Saguaros decapitan de un machetazo a su alcalde cuando trataba de huir del pueblo con el dinero de las arcas municipales.

 

Situación muy parecida a la de San Juan Chamula, Chiapas, donde un grupo de inconformes baleo al edil Domingo López González, tras reclamarle el incumplimiento de obras públicas. En la plaza principal del pueblo, se registró el ataque que provocó su muerte y la de tres personas más. Así los usos y costumbres  (abusos y costumbres, digo yo) de algunas comunidades en la época de la globalización.

 

En otros casos, la trama es diferente, aunque muy parecida a la de “Juan Vargas”, el beneficiario del  licenciado López, secretario de Gobierno, que decide nombrar al encargado de un basurero y antiguo militante del PRI, como nuevo alcalde de San Pedro de los Saguaros hasta las próximas elecciones en las que él es firme aspirante a la gubernatura del estado.

 

Algo así como un José Luis Abarca y su protector  Ángel Heladio Aguirre Rivero, que lo promovió para ser el munícipe de Iguala, Guerrero y como “Varguitas”, afrontó su misión con las mejores intenciones, hasta que poco a poco descubrió los beneficios del poder y la corrupción.

 

Entonces, como el personaje de Vargas (1949), Abarca se transformó en (2012), en un tirano capaz de todo, incluso de recurrir al crimen, para perpetuarse en el poder, lástima que se le pasará la mano el 26 de septiembre de 2014 y, por ello, cargue en su currícula con la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa.

 

No es el único y tampoco el último, en San Luis Potosí hay otro personaje similar, se trata de José Ricardo Gallardo Cardona, ex alcalde perredista de Soledad de Graciano Sánchez, hijo del ex presidente municipal, Ricardo Gallardo Juárez, ambos ligados al narco.

 

Una constante en los últimos años: crimen y política; narco y política, historias que se cruzan y complican el quehacer de los presidentes municipales convirtiendo sus territorios en escenarios de sangre y muerte, como ha sucedido en Tamaulipas, Michoacán, Guerrero, Morelos, Chihuahua, Sinaloa, Durango, Veracruz entre otros estados.

 

 

De modo que, ser alcalde no es fácil, atrás quedaron las épocas en que este cargo era el primer paso para subir en el escalafón de la democracia nacional, con un buen padrino se podía llegar hasta donde las fuerzas vivas y el presupuesto lo permitieran, incluso, la Presidencia de la República.

 

Hoy no, la guerra declarada contra el narco en el sexenio de Felipe Calderón, los coloca en la primera línea de fuego del frente de batalla, sin protección alguna, ante la disyuntiva de: “plata o plomo”, como les sucedió a 40 alcaldes en funciones, asesinados desde 2006 al día de hoy.

 

Para los anales de la historia, queda la estampa del célebre “Michoacanazo” como se conoce a la detención de 11 presidentes municipales, 16 altos funcionarios y un juez del estado de Michoacán realizada por la Policía Federal Preventiva y el Ejército Mexicano el 26 de mayo del 2009 por presuntos vínculos con el crimen organizado.

 

Una historia que parece no tener fin, pues  según fuentes al interior de la Procuraduría General de la República, la mayoría de los atentados en contra de munícipes suele estar ligado al incumplimiento de acuerdos a los que llegan grupos criminales con los candidatos, para apoyar con recursos económicos sus campañas.

 

Por ello, la Asociación Nacional de Alcaldes clasificó al país en cuatro zonas de riesgo, a fin de alertar a quien busca el cargo. La segmentación quedo así: “los estados con más riesgo para los ediles son: Durango, Michoacán, Oaxaca y Veracruz. Seguidos por Chihuahua, Estado de México, Guerrero, Nuevo León, Tabasco y Tamaulipas y en menor medida Coahuila, Morelos, San Luis Potosí y Zacatecas”.

 

Sin duda, un panorama complicado para quienes intenten servir a sus comunidades, de ahí la urgencia de la ANAC al gobierno federal para instrumentar un Protocolo de Protección para Alcaldes, que garantice su seguridad y evite más atentados como los de  Ambrosio Soto Duarte,  de Pungarabato, Guerrero y Domingo López González, de San Juan Chamula, Chiapas.

 

¿Se atreverá el gobierno federal a diseñar y ejecutar una estrategia preventiva para acabar con el “México Bronco” y los “Varguitas”?  Plata o plomo es hoy, la primera aduana para quien busca o llega a ser alcalde.

 

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@guillegomora

 

 

 

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