Domingo , abril 30 2017
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México fracasa en reinsertar a sus jóvenes

Francisco pasó una parte de su infancia cuidando una casa donde se cultivaba marihuana. Hace dos años fue detenido por la Policía Federal y llevado a un centro de internamiento. A sus 17 años fue acusado de homicidio, robo con violencia –asaltó un banco–, delitos contra la salud, secuestro y portación de arma prohibida.

Cuenta que era adicto a la cocaína y todos los días bebía alcohol. Fue reclutado por un grupo armado para, según sus palabras: “matar a las ratas, vender droga y cuidar los puntos por donde pasaba la ley”.

El joven lleva dos años en un centro para adolescentes y le restan otros tres para terminar su internamiento, pero continúa siendo un chico desconfiado y con anhelos de venganza.

–¿Quién es la persona a la que consideras más valiosa en tu vida? –le pregunta el entrevistador.

Con tanta droga a veces me ponía bien ‘paniquiado’, agarraba la troca (auto) y me ponía a disparar

–Nadie; desconfío hasta de mí mismo –responde.

–¿Y la persona que más daño te ha hecho?

–Mis enemigos, los que me entregaron y me robaron mi dinero.

Él es uno de los 4.500 menores de edad que cada año son privados de su libertad. Su testimonio se incluye en el Diagnóstico de los adolescentes que cometen delitos graves en México  difundido por la Unicef y la Secretaría de Gobernación. El documento fue elaborado por Elena Azaola, una antropóloga y psicoanalista que ha realizado diversos estudios sobre maltrato infantil y centros de reclusión. Para el estudio se entrevistaron a 278 adolescentes que representan al 70% del total que se encuentra recluido en cuatro centros del país escogidos para realizar el diagnóstico.

El caso de Francisco ejemplifica la ausencia de una política de reinserción social para los adolescentes. Esta situación es preocupante, se destaca en el estudio, porque lo que se halla en juego es la posibilidad de dotar a los jóvenes de herramientas que les permitan reincorporarse de manera sana y productiva a la sociedad. De no lograrse estos objetivos, se arraigarán a una carrera delictiva.

De acuerdo con los estándares internacionales el límite máximo de internamiento idóneo es de cinco años, pero en México se han ido aprobando leyes que prolongan los periodos de reclusión. En Hidalgo y Sinaloa las penas máximas son de siete años, en Morelos de nueve y en Coahuila de hasta 15 años. “Los casos más extremos son los de San Luis Potosí y Aguascalientes que prevén periodos de internamiento de hasta 18 y 20 años”.

Uno de los hallazgos del diagnóstico es que casi la mitad de los jóvenes encuestados cree que saldrá de la institución igual o peor que como entró. El 28% no tiene sueños, no confía en nadie y no quiere pensar en su futuro, lo que revela la falta de confianza y de expectativas de poder alcanzar un mejor futuro. Además en varios de los centros, los psicólogos entrevistados mostraron su preocupación por que alrededor de una tercera parte de los adolescentes mostraba síntomas de depresión que no estaban siendo atendidos por la institución. “Son muy altos y preocupantes los porcentajes de quienes se sienten tristes, aburridos, desanimados o desesperados”, se lee.

–¿Cuál sería tu sueño más grande? –le pregunta uno de los especialistas a Francisco.

–Estar muy arriba, ser uno de los más buscados por la ley.

–¿Qué necesitarías para poder realizar tus sueños?

–Agallas.

Los casos más severos y preocupantes son los que corresponden a adolescentes que fueron captados por grupos de la delincuencia organizada. Ellos han vivido experiencias que trastocaron su curso de vida de manera radical.

Nicolás es un adolescente que desde los 12 salió de su casa atraído por el estilo de vida que llevaban sus amigos y dejó de estudiar para dedicarse al “negocio” de la droga que le demandaba el 100% de su tiempo. “Cuando mataron a mi mamá me enrolé y me fui a trabajar con Los Antrax, un grupo que también es del Chapo y del Mayo (líderes del cartel de Sinaloa). Veía el ambiente en que andaban mis amigos y me gustó, el dineral que traían y que ganaban fácil y pensé que yo también podía hacer eso”, confesó.

El joven de 16 años fue acusado de homicidio, robo de vehículo, secuestro, delitos contra la salud, portación de arma prohibida y delincuencia organizada. “Me pusieron todo lo que he hecho, que levanté a una persona, que la torturé, que la maté, que traficaba drogas, que traía armas”. Lo que no escribieron en su expediente es que cuando lo detuvo la Policía Federal lo torturaron: “Me ahogaron, me dieron toques, me llevaron a una oficina a golpear y me ponían corriente y agua”.

En el estudio se señala que es preocupante que tres cuartas partes de los adolescentes refirieran haber sido golpeados por la policía al momento de su detención. Además en más de la mitad de los casos, no se les informó de sus derechos ni de la posibilidad de ser asistidos por un abogado. “Había muchos casos en los que esos hechos habían dejado una huella profunda en los adolescentes”.

Fuente: El País

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